El Informe de la Contraloría Regional da cuenta de la gravedad de los hechos cometidos en el Gobierno Regional de Coquimbo durante el período de la ex Intendenta Lucia Pinto.
En los años que ella que estuvo al frente de la institución, se gestó el caso conocido como Papaya Gate, que contempló la venta irregular de terreno que costó en esa época más de 9.800 millones de pesos en perjuicio de las finanzas del Gobierno Regional.
Según se detalla en el informe, son nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo, la Seremi de Desarrollo Social y la Muncipalidad de La Serena quienes tienen sanciones importantes.
La ex Intendenta Lucia Pinto y el ex administrador regional, José Cáceres, ambos son destituidos de sus cargos. Aunque ellos renunciaron a finales de Septiembre de 2020, los hechos que la Contraloría logró indagar, dejan en evidencia la gravedad de lo que ambos cometieron administrativamente en el Gobierno Regional y que será además remitido como antecedente a la a la Fiscalía Regional de Valparaíso que está investigando un presunto Fraude al Fisco por estos hechos, aun desformalizado.
En el informe de Contraloría, también afecta con destitución por afectar gravemente la probidad administrativa al abogado Iván Espinosa Rodríguez, exjefe del Departamento Jurídico, el jefe de la División de Planificación y luego administrador regional, José Cáceres.
Con sanciones que afectan remuneraciones hay otros dos ex funcionarios del Gobierno Regional: Roció Ramírez, ex jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional , también Lorena Araya, ex Jefa de División de. Administración y Finanzas del Gobierno Regional y también se sanciona al funcionario Cristian Becerra quien fue Jefe de Finanzas Gobierno Regional que dirigió Lucia Pinto, además de dos actuales funcionarias de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo.
También fue sancionado desde la Municipalidad de La Serena, Secplan de esta institución, a quien se le aplica la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses con goce del 50% de la remuneración.
El informe de 322 hojas fue remitido a la fiscalía de Valparaíso.
Historia del caso
El Gobierno Regional decidió comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos. La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad. Sin embargo, a principios de julio pasado y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados. Por esta razón, se inició un sumario administrativo y el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la perseguidora regional de Valparaíso para que indague el delito de fraude al fisco, cuyos antecedentes deberán ser derivados al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe una querella. En tanto, la intendenta Lucía Pinto (UDI) confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente.
Informe de la Cámara
En agosto de 2021, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó el informe con los resultados de su trabajo por el caso más conocido como Papaya Gate, referente a la compraventa por parte del Gobierno Regional (Gore) de Coquimbo, de terrenos en el sector de San Ramón por 9.800 millones de pesos.
En cuanto a las conclusiones, la primera de ellas la comisión determinó que la ex Intendenta, Lucía Pinto, es la principal responsable política del mayor caso de corrupción de la región de Coquimbo.
“Por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la exautoridad permitió que se defraudara al Fisco por casi 10 mil millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón, La Serena, a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios donde se construiría las nuevas instalaciones del Centro Deportivo”, señala el informe.
“Asimismo, como máxima funcionaria publica de la región, apreciamos el total abandono del principio de probidad administrativa y, en particular, lamentamos el ánimo de burlar las normas generales y especiales que regulan este tipo de materias relativas a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional. Los antecedentes recopilados también nos permiten afirmar que la Exintendenta no cumplió con el debido control jerárquico permanente del funcionamiento del Gore y de la actuación del personal de su dependencia, en especial, con el exjefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplan) y posterior Administrador Regional, José Cáceres; y del exjefe jurídico del Gore, Eduardo Espinoza”, agrega.
Resto de conclusiones:
* – Ex Intendenta actuó de manera ilegal al privilegiar el trato directo.
* – Se modificó el contrato para burlar la toma de razón de la Contralora y acelerar el pago a inmobiliarias.
* – Manipulación de tasaciones para elevar precios de terrenos.
Lea las sanciones a los funcionarios aquí. Informe Contraloria caso Papayagate
