Nueva Ley contempla más delitos y sanciones, incluyendo a los desarrolladores que crean las
plataformas digitales usadas para cometer ilícitos y vulnerar los sistemas informáticos.
Las restricciones de movilidad y el confinamiento social como medidas sanitarias, por el avance de la
pandemia, a partir de 2020, se convirtió en una oportunidad para la población mediante el uso de las
plataformas digitales, y así seguir con las actividades comerciales y educacionales, entre otras tendencias,
que también aprovecharon los delincuentes.
Las estafas y otras defraudaciones contra particulares a través de plataformas y medios digitales, representan
los principales delitos que afectaron a miles de víctimas, a nivel nacional, y la región de Coquimbo también
refleja esta tendencia sobre el fenómeno delictual conocido como Cibercrimen.
Los delitos económicos, material con contenido de explotación sexual infantil y los delitos informáticos
superan los 1320 casos, de mediana y alta complejidad, que fueron investigados por los detectives durante el
año pasado en la región Policial de Coquimbo, en conjunto con el Ministerio Público.
“La Policía de Investigaciones tiene un rol significativo al identificar y adaptarse a las nuevas amenazas
delictuales, anticipándose, diseñando e implementando estrategias y mecanismos para mejorar y
fortalecer la investigación, en base al análisis criminal. Como resultado de esta labor, vamos detectando
nuevos “modus operandi” y los nuevos delitos que afectan a la población, trabajo que contribuyó a generar
cambios, incluso a nivel legislativo, para aumentar nuestras facultades y ampliar las sanciones contra los
responsables y facilitadores del cibercrimen”, señaló el subcomisario Lorenzo Macaya, coordinador de la
Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena para los delitos informáticos.
La Ley 21.459, promulgada el mes pasado en Chile, permite aplicar el Convenio de Budapest y sus alcances
para la investigación de delitos complejos relacionados con la defraudación informática, acceso ilícito a estos
sistemas, el ataque a la integridad de la información y datos informáticos, además de su receptación,
falsificación e interceptación ilícita.
Los investigadores ahora pueden actuar, a solicitud del Ministerio Público y con la autorización del Juzgado
de Garantía pertinente, como agentes encubiertos en investigaciones relacionadas al cibercrimen. Además
de la identidad supuesta, también los detectives podrán interceptar las comunicaciones, obtener imágenes y
grabaciones, entre otras técnicas de inteligencia policial.
“La evolución de los delitos informáticos requiere de investigadores altamente preparados, y además con
amplias facultades para desarrollar su labor. En este sentido, la implementación de la nueva Ley es muy
importante para el desarrollo de las funciones policiales, porque autoriza técnicas especiales de
investigación que favorecen el éxito de las diligencias, coordinados con el Ministerio Público y la
autorización del tribunal pertinente, incluso se obliga a resguardar la información como evidencia,
manteniendo los archivos digitales entre 90 y hasta 180 días”, señaló el subcomisario Macaya, encargado
del cibercrimen en la región.
En cuanto a las conductas que agravan la responsabilidad penal, se incluye también a los desarrolladores de
aplicaciones y plataformas que favorecen la comisión de los delitos computacionales o informáticos. Además,
se sanciona el abuso de posición de confianza en la administración de un sistema informático o custodia de
datos, cometer el delito abusando de la vulnerabilidad o desconocimiento sobre todo de niños, niñas o
adultos mayores, interrumpir servicios públicos de utilidad para la población como abastecimiento de
electricidad, gas, sanitario, transporte, entre otros, que son considerados dentro de la infraestructura crítica
para el funcionamiento normal del país.
