El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo -dirigida por Lucía Pinto (UDI)- debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
La decisión adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
De acuerdo a los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.
El 9 de octubre de 2019 el GORE finalmente aprobó la adquisición, decisión que fue rechazada de inmediato por la Contraloría. Entre otros argumentos porque los terrenos no cumplían los requisitos mínimos para llevar adelante el proyecto.
La Intendencia Regional dejó sin efecto la decisión anterior y en su reemplazo dictó un nuevo documento, aprobando la compraventa. Sin embargo, en esta oportunidad, agregó dos nuevas tasaciones para rejustificar la operación. En números, la primera indicaba que el valor ascendía a $8.755 millones y la segunda a $9.180 millones. En otras palabras duplicaban el valor de las tasaciones de 2019.
La anterior determinación fue nuevamente representada por la Contraloría, como otros dos intentos posteriores.
