El proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite incorpora esta materia dentro de los ítems que las y los alcaldes deberán informar en sus cuentas públicas anuales.
Resguardar que la destinación y ejecución de los recursos provenientes del royalty minero que reciben los municipios sea de la forma más transparente posible es la motivación que sustentó la presentación de un proyecto de ley (boletín 16839) que, hoy, respaldó en forma unánime la Sala de la Cámara y derivó a segundo trámite.
Según se recuerda en el texto, el 1 de enero de 2024 comenzó a regir la Ley 21.591, sobre Royalty a la Minería. Una de sus innovaciones fue la creación de tres fondos: el Regional para la Productividad y el Desarrollo de Comunas Mineras; de Apoyo para la Equidad Territorial; y Puente, que va en apoyo directo de las regiones.
Desde ellos se espera financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de fomento al desarrollo de actividades productivas.
Tal como se detalla, parte de estos recursos comenzarán a entregarse en 2024 y se ampliarán en 2025. Esto significa un apoyo directo a 307 municipios. En este contexto, se estima necesario dar a su utilización la necesaria transparencia y evitar un mal uso. “La mayor recaudación fiscal que implica el royalty debe ser una oportunidad de crecimiento y no una problemática”, se sentencia en la moción.
En tal plano, el proyecto robustece el contenido de la cuenta pública anual que deben realizar las municipalidades. Así, se incorporan nuevas materias a informar. De ahí que la propuesta obliga a incluir en esta rendición el uso y destinación de los fondos recibidos por la Ley 21.591. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado.
Mocionantes y debate por cuenta del royalty
La propuesta se originó en una moción presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS). También la firman Jaime Araya (IND), Danisa Astudillo (PS), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Joanna Pérez (DEM), Rubén Darío Oyarzo (IND) y Carolina Tello (FA).
En el extenso debate expusieron Carolina Tello (FA), Matías Ramírez (PC), Viviana Delgado (IND), Leonidas Romero (IND), Stephan Schubert (IND), Daniel Lilayu (UDI), Héctor Barría (DC), Joanna Pérez (DEM), Nelson Venegas (PS), Camila Musante (IND), Yovana Ahumada (IND), Andrés Celis (RN), Natalia Romero (IND), Emilia Nuyado (PS), José Carlos Meza (PREP), Clara Sagardia (FA), Miguel Ángel Calisto (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Johannes Kaiser (IND), Bernardo Berger (RN), Luis Alberto Cuello (PC), Alejandro Bernales (PL), Camila Rojas (FA), Miguel Ángel Becker (RN), Marta Bravo (UDI), Nathalie Castillo (PC), Leonardo Soto (PS), Cristián Tapia (IND), Renzo Trisotti (IND), Ericka Ñanco (FA), Rubén Darío Oyarzo (IND), Ricardo Cifuentes (DC), Jaime Araya (IND), Tomás Hirsch (PAH), Benjamín Moreno (PREP), Catalina Pérez (FA), Diego Schalper (RN), Miguel Mellado (RN) y Jorge Rathgeb (RN).
Entre las opiniones se relevó la importancia de esta iniciativa para dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen uso de los recursos públicos. Por ello se la llamó a fiscalizar estas cuentas para verificar, no solo eventuales casos de corrupción, sino también una destinación acorde a los propósitos de la ley.
Igualmente, se recordaron diversos casos de malversación de dineros en municipalidades de todo el país. En este contexto, se estimó pertinente avanzar en transparencia y en control, tanto en el nivel municipal como en el regional.
Algunos lamentaron que solo se llegue a poco más 300 municipios. Otros, en tanto, estimaron necesario que se definan exigencias similares de transparencia respecto de otros ingresos, como los provenientes del pago de patentes. Asimismo, se pidió destinar profesionales adecuados que levanten proyectos propios. De tal modo, se espera evitar derivar iniciativas a fundaciones.
