Después de cuatro procesos entre Contraloría y tribunales, la Corte Suprema resolvió a favor de Esteban Contreras, trabajador de la Escuela Juan Carrasco Risco, determinando que su despido fue injustificado.
Esteban Contreras trabajó como nochero hasta febrero de 2022, cuando el alcalde Denis Cortés Aguilera, tras 10 meses en el cargo, despidió a 43 trabajadores de la educación pública, incluidos 13 nocheros. Varios de estos trabajadores apelaron a la contraloría, que falló a favor de los docentes y asistentes de la educación, declarando que los despidos no se ajustaban a la normativa.
Sin embargo, Esteban fue el único que no pudo regresar a su puesto, lo que la dirigente de los funcionarios de la educación municipal consideró como un acto de empecinamiento y tozudez.
Mónica Salinas, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal de Illapel (ATEMUI), explicó que la situación de Esteban refleja la experiencia de muchos otros trabajadores.
La contraloría y la justicia determinaron que los despidos fueron ilegales y vulneraron los derechos de los trabajadores. La persistencia de Esteban fue clave para revertir su situación, convencido de la injusticia que estaba sufriendo, ya que fue despedido con el argumento de que sus servicios serían obsoletos debido a la instalación de cámaras de seguridad, las cuales comenzaron a funcionar un año después, en abril de 2023.
Otra razón esgrimida fue la necesidad de mantener un equilibrio presupuestario debido a la disminución de subvenciones y la sobrecontratación de trabajadores. La Municipalidad de Illapel explicó que, para mantener un sano equilibrio presupuestario, se decidió terminar la relación laboral de cerca de 39 personas, incluyendo a Esteban.
La concejala Janet Araya denunció la negativa del alcalde de Illapel a cumplir la orden de reincorporar a Esteban Contreras. Ante esta situación, Araya presentó varios oficios a la municipalidad, que en su mayoría no fueron respondidos, por lo que remitió los antecedentes a la Contraloría, quien determinó que la municipalidad debía reincorporar a Contreras y pagarle todas las remuneraciones correspondientes al tiempo que estuvo separado de sus labores.
Araya celebró el dictamen de la Contraloría, calificándolo como un acto de justicia. Después de casi dos años y medio de lucha, la justicia no solo ordenó la reincorporación de Esteban, sino también el pago de 30 sueldos, imposiciones, vacaciones, bonos y beneficios.
Contreras pasó dos años y medio de angustia, impotencia y problemas económicos, esperando que el alcalde obedeciera las órdenes de reincorporarlo, como ya habían dictaminado instancias anteriores. Durante este tiempo, Contreras sobrevivió realizando trabajos ocasionales y enfrentando dificultades emocionales debido a la falta de una fuente de ingresos estable para mantener a su familia.
El trabajador ya se reunió con la autoridad comunal y al fin posee fecha para retomar sus funciones, no obstante el Municipio solo ofrece reincorporarlo a contrata y pagar la millonaria deuda en cuotas. Desde su defensa rechazan la propuesta contractual y económica.
