JVRCH se refiere a demanda por supuesto robo de agua en Canal Silvano

A continuación dejamos el comunicado de prensa de la Junta de Vigilancia del Río Choapa.

«Frente a las numerosas publicaciones realizados, tanto a través de redes sociales como diversos medios de comunicación, respecto de graves acusaciones por el supuesto delito de usurpación de aguas, Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes declara:  

1.-El pasado 29 de octubre de 2021, la Delegación Provincial de Choapa, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 173 del Código Procesal Penal, presentó denuncia ante el Ministerio Público y la Dirección General de Aguas, por el supuesto delito de usurpación, establecido en el artículo 459 del Código Penal, el cual habría acontecido en el Río Choapa e involucrando a una Comunidad de Aguas perteneciente a nuestra Organización de Usuarios. Estas gestiones las habría realizado tras recibir una denuncia anónima.

2.-En mérito de lo señalado en el numeral precedente, Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, desde ya manifiesta su irrestricta disposición para con las autoridades, colaborando y proporcionando todos los antecedentes que nos sean requeridos, y así esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, aclaramos que los antecedentes a ser aportados por nuestra organización de usuarios y, que hoy son de conocimiento público, fueron debidamente informados en tres Asambleas Generales de Usuarios, celebradas durante el último año. Este punto reviste vital importancia, pues la distribución de las aguas es una preocupación constante, tanto para nuestra organización, como para los agricultores del Valle del Choapa, quienes se han visto gravemente afectados por la situación de escasez hídrica que atraviesa en nuestra región.3.-Finalmente, manifestamos que, en caso que la investigación iniciada por las autoridades pertinentes, demuestre que la acusación por el supuesto delito de usurpación en el Río Choapa no es efectiva, la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes se reserva su derecho para iniciar acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables de la denuncia, por la gravedad que esta reviste y la afectación que genera a la fe pública.»