El Consejo Internacional de Estibadores advirtió que fuera de las fronteras «es fácil advertir la consolidación de un Gobierno autoritario». Señalaron que la decisión del Gobierno de ir al TC significa ponerse «en guerra contra su propio pueblo».
El Consejo Internacional de Estibadores (IDC, por sus siglas en inglés), agrupación que reúne a trabajadores portuarios de distintos países, expresó su preocupación por la situación política y económica en Chile y amenazó con un bloqueo mundial de cargas provenientes de este país.
A través de una declaración pública, IDC sostuvo que “fuera de sus fronteras, es fácil advertir la consolidación de un Gobierno autoritario, desentendido de las necesidades de su pueblo, que ni aún las masivas protestas remecieron en su afán de cargar los costos de la crisis pandémica en los hombros de los trabajadores”.
El texto hace alusión a la decisión del Gobierno de llevar el tercer retiro de fondos previsionales al Tribunal Constitucional (TC), acción que consideran que significa ponerse “en guerra contra su propio pueblo, que clama apoyo concreto ante una crisis sin precedentes”.
El consejo acusó que “el gobierno chileno no sólo no entrega ayudas, sino que favorece a los bancos e instituciones financieras con prebendas y privilegios que hace a las cadenas corporativas multinacionales –incluyendo a las navieras, por supuesto- depositarias de ganancias y utilidades sin precedentes, aún con pandemia. Este injusto orden de cosas sólo es posible de revertir con la acción internacionalista de la clase trabajadora“.
“Más que declaraciones, se necesitan acciones”, advirtieron, agregando que si el Gobierno continúa “con tal actitud hacia su pueblo”, los trabajadores portuarios “organizados en los cinco continentes (…) haremos efectivo el bloqueo mundial de cargas provenientes de Chile, poniendo toda la fuerza de la clase trabajadora mundial a disposición de los chilenos y chilenas que han dado la vida por poner freno a las ambiciones de los ricos y poderosos”.
En la misma declaración solidarizan con los presos “políticos de la revuelta” de 2019, el pueblo mapuche y los “sindicalistas perseguidos sólo por luchar por una sociedad más justa, libre e igualitaria”.
